Arreglaron el fiscal y Los Veco: no hay juicio

Si alguien creía que en el juicio oral y público podrían revelarse algunas verdades todavía ocultas sobre la patoteada que un periodista sufrió en el último congreso del PJ –allá por noviembre de 2006– ya puede olvidar esa expectativa: el fiscal Raúl Miño arregló con el delincuente David Cofré y no habrá audiencia ni debate.
El acuerdo no sólo impide que el caso trascienda a la opinión pública, sino que también evita que se apunte a instigadores o incitadores.
El arreglo de Miño y Cofré –representado legalmente por el abogado Carlos Pérez Funes– es que en un juicio abreviado el acusado se declare culpable a cambio de una condena de 2 meses de prisión.
Con esta medida, se acaba cualquier chance de descubrir quién protegió a los patoteros aquél día, quién les dio la orden de que al periodista Juan Pablo Gavazza le “dieran” pero “no le hagan mucho mal” y quién tuvo la idea –fracasada– de aplicarle un “puntazo” (con arma blanca).
La payasada judicial ya había sumado varios capítulos y la gran víctima de todo ese proceso ni siquiera fue el periodista, sino la valiente testigo clave Zaira Mendoza, que se animó a contar todo lo que vio y escuchó (asistió en vivo y en directo al momento en que se preparaba el ataque).
Durante todo este tiempo, la mujer sufrió amenazas, intimidaciones, robos en su propiedad y un par de ataques directos (el segundo fue feroz: la golpearon salvajemente, la humillaron, la quemaron con agua hirviendo y la pusieron sobre vidrios rotos).
La misma Justicia que no pudo proteger a esa testigo que mostró coraje e inquietud ciudadana es la misma que se sentó a pactar con el delincuente que formó parte de la barrabrava que patoteó al cronista.
El juez letrado de Victorica, Carlos Roberto Espíndola tendrá la misión de formalizar con su rúbrica la sentencia que resuelve que un escándalo político se soluciona sancionando al perejil y a lo más delgado del mafioso hilo, comprando que la historia oficial fue un delito leve, y garantizando la impunidad de los que “marcaron” a la víctima, los que programaron el ataque y los que incitaron a la violencia.
Ya en su momento el juez Pablo Balaguer había dejado a salvo al ex gobernador y actual senador Rubén Marín, quien 5 minutos antes de la trompada y puntazo frustrado pronunció un discurso en el que atacó a El Fisgón y a Lumbre.
La fiscal Alejandra Ongaro interpretó que esas aseveraciones bien podían ser un delito (incitación a la violencia colectiva) pero Balaguer miró para otro lado, rechazó “in límine” la petición de investigar y archivó todo.
O sea: nada nuevo.