Los hijos adoptivos de la directora de Clarín, Felipe y Marcela Noble Herrera, se opusieron hoy a que se utilicen sus muestras de sangre y se negaron también a realizarse nuevas extracciones para que esos resultados sean cotejados con otros de familiares de secuestrados en la última dictadura. Por tal motivo la Justicia ordenó allanar la casa de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble en busca de pruebas para comparar.
La fiscal de San Isidro Rita Molina, fue la encargada de informar sobre la negativa, luego de entrevistarse con Felipe y Marcela, en el marco de la causa que lleva adelantela jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien había citado a los jóvenes para que respondieran hoy a esos requerimientos.
“Se negaron rotundamente a que sea utilizado el material que tenemos”, contó Molina luego de mantener una audiencia de dos horas con los jóvenes presuntamente expropiados, quienes –dijo– “tienen derecho” a oponerse a la medida.
La jueza federal Arroyo Salgado citó a Felipe y Marcela luego de reiterados fallos judiciales que dejaron firme una decisión de la Cámara Federal de San Martín en cuanto a determinar si ambos jóvenes fueron apropiados durante la dictadura.
Los hijos adoptivos de Herrera de Noble se extrajeron sangre el año pasado pero en el Cuerpo Medico Forense, dependiente de la Corte Suprema y a condición de que las muestras sólo fueran comparadas con dos familias querellantes en la causa.
Como estas muestras no pueden usarse en el Banco Nacional, la Justicia buscó el consentimiento de los jóvenes para una nueva extracción, ya que no se puede hacer de manera compulsiva.
Con todo, la fiscal advirtió que “no es necesario el consentimiento” para ordenar el entrecruzamiento de datos obtenidos a través de muestras genéticas.
“El objetivo de esta fiscal es conocer la verdad y la verdad sólo la tenemos que obtener con las muestras y con el examen de histocompatibilidad, no sólo con la familia querellante sino con todas las muestras que hay en el Banco genético”, insistió.
Molina remarcó la necesidad de “terminar con este tema que perjudica tanto a los chicos como a la sociedad toda, que está expectante ante (la comisión de) un supuesto delito”.
Fuentes judiciales habían manifestado esta semana que si los hijos adoptivos de la dueña de Clarín se negaban a nuevas extracciones, los estudios de ADN deberían hacerse sobre muestras encontradas en objetos personales de ambos.
La causa judicial abierta por denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo, querellante en el caso, investiga si ambos hermanos fueron adoptados ilegalmente por la directora de Clarín en la dictadura y sustraídos a secuestradas que dieron a luz en centros clandestinos de detención.
Ernestina Herrera de Noble esta imputada en el caso y estuvo detenida en su momento por orden del luego destituido ex juez federal Norberto Marquevich, primer magistrado del caso.
Posteriormente fue liberada y la causa siguió su curso hasta que el año pasado la Cámara de San Martín amplió el objeto procesal para determinar si fueron sustraídos a detenidos desaparecidos en general y no sólo demostrar si son hijos biológicos de dos familias querellantes en la causa, que los reclaman.
Los Noble habían aceptado hacerse los ADN para ser comparados sólo con muestras de estas dos familias y en el Cuerpo Médico Forense, algo rechazado ya en distintas instancias judiciales donde quedó firme la resolución de hacer los estudios de manera general en el Banco Nacional, donde se almacenan todas las muestras.
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