¿Se viene el derechaje?

Un peligroso silencio de la mayoría de los actores sociales ha sucedido al fallo judicial que decidió condenar una protesta social.
Salvo algunas voces aisladas, pero que reaccionaron siempre a pedido de alguna pregunta periodística y no por propia iniciativa, los dirigentes políticos y sociales y las instituciones –incluso la mayoría de los propios condenados– aceptaron como si tal cosa la decisión del juez Miguel Angel Vagge de sentenciar a un grupo de manifestantes que, según su visión, insultaron, provocaron, causaron molestias con sus ruidos, entorpecieron el tránsito y colgaron carteles haciendo conocer sus reclamos.
Quizá el más riesgoso de los silencios –aunque no por eso sorprendente– haya sido el de la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno provincial, que se contentó con no opinar puntualmente del tema y pronunciar lo obvio: que se trataba de un fallo Judicial que no podía ser revisado desde otro poder del Estado.
El mismo organismo, sin embargo, no ahorra palabras para referirse a cuestiones que también están en órbita del Poder Judicial, pero fuera de la provincia. A veces parece que la Secretaría de Derechos Humanos perteneciera a otra jurisdicción, o a otro tiempo: es muy verborrágica para hablar de décadas pasadas, o incluso de episodios que suceden en otros lugares –rechazan la mano dura de los personajes de la farándula, por ejemplo; o no dudarían en repudiar el espionaje de Macri– pero sin embargo no abren la boca respecto de lo que ocurre a la vuelta de la esquina, en las propias narices de los funcionarios pampeanos.

EL CONTEXTO
La condena del juez Vagge se produce en un particular contexto en el que la derecha reaccionaria, tras algunas derrotas políticas que sumó en los últimos tiempos, se dispone a “recuperar el terreno perdido”.
En ese marco, pueden enumerarse algunas “casualidades” temporales, tanto a nivel nacional como en la provincia: mientras Susana Giménez, Marcelo Tinelli y Mirtha Legrand elevan la voz pidiendo mano dura, el gobernador Daniel Scioli –tanto perteneciente a la clase política como a la farándula– recepciona ese interés para propiciar modificaciones legislativas en ese sentido; organizaciones de las fuerzas armadas reparten manuales para reivindicar el Terrorismo de Estado; la Iglesia Católica reprocha la decisión judicial –y la “pasividad” del ejecutivo porteño– que habilita el matrimonio entre personas del mismo sexo; la Justicia pampeana determina que el funcionamiento de la secta Servi Trinitatis nada tiene de delictual; el juez Hugo Farías desaloja al Colectivo Social y Cultural 1 de Marzo en un aparatoso operativo en el que por primera vez las fuerzas armadas pampeanas utilizan el gas pimienta como herramienta de represión; la instalación de las cámaras de videovigilancia se transforma en una costumbre en distintas localidades de la provincia. Y aparece este fallo que por primera vez condena la protesta social.

NO HACER OLAS
La decisión judicial está basada en la aplicación de artículos del Código Contravencional. El juez dice que hubo “excesos” por parte de los manifestantes.
Lo extraño es que la condena recae únicamente sobre integrantes de las dos familias que se animaron a reclamar públicamente por los casos Damiana y Shakira, cuando en realidad los protagonistas de las marchas eran varias decenas de personas. Es como si los condenados hubieran estado marcados por algún dedo, con la idea de generar un mensaje: mejor no hacer olas, hay que quedarse quieto y callado.
Más importante todavía es que esa protesta social –ahora considerada reprochable por parte de la Justicia– es la que permitió sacar a la luz una problemática que los poderes del Estado y sus funcionarios mantenían como la basura bajo la alfombra, oculta a la vista de los ciudadanos y los medios de comunicación.
Ambos casos –que además no son los únicos– pusieron en evidencia la desidia, la pereza, la incompetencia y otros vicios en que los organismos oficiales incurren desde hace años con sus políticas de Niñez y Adolescencia.
Incluso el nuevo ministro de Bienestar Social Gustavo Fernández Mendía tuvo que admitir, ni bien asumido, que esa es una deuda grandísima: relevó a los funcionarios del área y encaró modificaciones atendiendo los planteos de los involucrados (incluso de los protagonistas de aquellas manifestaciones).
Por otra parte, los condenados se expresaron en la vía pública con una lógica desesperación: pretendían quitarles del seno familiar a las niñas que el Estado les dio a criar durante 3 y 5 años.
Si los funcionarios hubieran respetado las normativas, no podrían haber estado en una familia de contención durante más de 6 meses.
De todo ese proceso, los únicos que pagan los platos rotos desde el punto de vista judicial son los que se atrevieron a dar el primer paso para denunciar el desbarajuste.
Nada se sabe que una investigación haya recaído sobre las autoridades del ejecutivo o del Judicial que no hicieron en tiempo y en forma lo que tenían que hacer.

FAMILIA JUDICIAL
Tampoco puede pasar desapercibida la identidad de los denunciantes: fueron la defensora de Menores Cristina Funes y el ex ministro Rodolfo Gazia, quien a su vez es pareja de la jueza de Menores Cristina Baladrón, que quedó especialmente desprestigiada tras este episodio.
Gazia –que fue responsable tanto de la cartera de Bienestar Social como de Gobierno, Justicia y Seguridad– es abogado y dirigente político, por lo que no puede desconocer la disputa de derechos que significa el sistema democrático.
El hecho de que para la Justicia pampeana sea más importante la “molestia” que pueden sufrir dos funcionarios que el derecho a reclamar de un grupo de manifestantes –acerca de una problemática en la que el propio Estado termina dándoles la razón– significa un dato más de que se viene el derechaje, para dar vuelta la máxima que alguna vez soltó tan preocupada Mirtha en sus almuerzos.

EL DERECHO Y EL PATALEO
El abogado y sociólogo Roberto Gargarella plantea que el Poder Judicial debe ocuparse “de resguardar los derechos de todos, y en particular, los de las minorías que pueden ser amenazadas o perjudicadas por aquellas políticas mayoritarias. Es de particular relevancia que los jueces hagan algo contrario a lo que normalmente hacen, eso es, que pongan sus mejores esfuerzos para preservar en todo lo posible el lugar de las voces críticas al poder”.
El mismo profesional opina, en un artículo que publicó en su última edición la revista Caras y Caretas (“El derecho y el pataleo”, se titula), que cuando hay reclamos en la vía pública y manifestaciones que afectan a alguna persona “todo depende de la gravedad del derecho afectado, y los medios alternativos para hacer conocer sus quejas".
"El Estado -completa- suele ser responsable de la violación grave de derechos constitucionales (por acción u omisión) y suele ser responsable de que no contemos con canales apropiados para expresar nuestras críticas y hacer responsables a nuestros representantes. Dicho contexto torna menos impugnables, jurídicamente, conductas que en otros contextos podrían merecer un reproche mayor”.

J.P.G.