La Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos en Justicia YA! difundió un documento en el que fija posición sobre lo actuado en los primeros días del juicio de la Subzona 14. Dicen que la impunidad del ex militar Fabio Iriart, acusado que no es juzgado por problemas de salud, tiene responsables: el Tribunal Oral Federal, el fiscal Jorge Bonvehí, pero también el gobernador Oscar Mario Jorge y su directora de Comunicaciones Claudia Jáuregui, quienes -denuncian- no fueron diligentes ni certeros a la hora de las gestiones que facilitaran la realización de una videoconferencia.
El documento completo, a continuación.
Santa Rosa lucía tan fría como soleada, el aire puro y la emoción inundaban el cuerpo, empezaba “el juicio” contra los genocidas. Pasamos las vallas compartiendo la alegría porque el día había llegado, sonrisas abiertas, ojos brillantes, apretones de manos cálidos, abrazos apretados. Sabíamos que no era el juicio que queríamos, apenas 10 genocidas acusados por sólo 28 compañeros; pero también sabíamos que no nos quedaríamos con eso, que junto a todo el movimiento de Derechos Humanos pampeano, seguiríamos en la misma lucha que nos permitió llegar a este día hasta conseguir lo que ambicionamos, lo que es justo, lo que es imprescindible: condena a todos los genocidas, justicia por todos los compañeros.
Una tenue preocupación sobrevolaba nuestras entrenadas conciencias: los abogados nos habían informado que Carlos Iriart, uno de los 10 genocidas procesados, el más importante, el de más responsabilidad, ni más ni menos que quien fue jefe de la Subzona 14, estaba con prisión domiciliaria en su casa de La Lucila, Buenos Aires, enfermo, y con un informe de médicos de la Corte Suprema que, aunque aseguraba su lucidez, aconsejaba no trasladarlo a Santa Rosa. Tenue era la preocupación porque también nos informaron que –tal como ya se hizo en otros casos similares– el TOF de Santa Rosa había propuesto y las querellas aceptado, instrumentar un sistema de videoconferencia para que el acusado pudiera seguir el juicio sin moverse de su domicilio.
Apenas comenzada la audiencia, la sensación se transformó en angustiante sorpresa: el presidente del Tribunal dijo con toda claridad que habían sido informados por especialistas que debido a irresolubles problemas tecnológicos, en Santa Rosa –capital de la provincia de La Pampa– era absoluta y totalmente imposible establecer una videoconferencia. A partir de allí los hechos se sucedieron a un ritmo vertiginoso con destino anunciado: Iriart quedaría impune.
Todavía azorados con semejante afirmación nuestros abogados pidieron que se designe como perito técnico de parte al ingeniero Ariel Garbarz con quien consultamos telefónicamente y confirmamos lo que suponíamos, la afirmación era un dislate digno de una mente febril o de quien está demasiado acostumbrado a actuar sin rendir cuentas a nadie. La respuesta del Tribunal fue no: consultarían sobre el particular a un especialista, además, funcionario de la Provincia y que además, ya estaba presente en el edificio.
La defensa de Iriart comienza a argüir –con el apoyo del acusador público, el fiscal del juicio, Dr. Jorge Bonvehi– que primero había que verificar si Iriart estaba en condiciones de asistir al debate, aunque lo hiciera desde el sillón de su living, cosa que no había sido puesta en duda por los médicos que lo revisaron.
El TOF informa que el funcionario provincial se había retirado ya que en ese preciso momento se anotició de que para dar fe acerca de la existencia o no de telefonía digital en Santa Rosa –único requisito para establecer una videoconferencia– necesitaba permiso del Sr. Gobernador y que recién obtendría éste en unas horas; en consecuencia, se pasa a cuarto intermedio hasta las 15:30 hs.
16:15 se reanuda la sesión para enterarnos de boca del mismo juez que pocas horas antes había asegurado la infranqueable imposibilidad técnica, que: a) el funcionario era la Directora de Comunicaciones de la provincia de La Pampa, Ing. Claudia Jauregui, b) la Ing. Jauregui no había conseguido el permiso del Gobernador porque éste se encontraba en Buenos Aires, c) la misma Ingeniera había hecho saber al Tribunal que sí era posible establecer la videoconferencia pero que con una compañía de telefonía local se demoraría 15 días y con otra nacional, 45, d) ante este informe, el Tribunal había resuelto que Carlos Iriart siguiera vinculado a la causa pero excluirlo de este juicio. Lisa y llanamente el Tribunal había decidido que Iriart siguiera impune.
Todas las protestas de nuestros abogados basadas en que es público y notorio que la empresa de telefonía nacional que provee el servicio en esa zona, demora 24 horas en instalar lo necesario para una videoconferencia, manifestadas tanto en esa primera audiencia como en la del día siguiente, fueron inútiles.
Carlos Iriart seguirá y con toda seguridad morirá, impune.
El Gobernador de La Pampa que no autorizó a su funcionaria a declarar, la funcionaria que alegremente falsea la verdad, el fiscal que no opone la menor resistencia, el Tribunal Oral que no verifica una información de tal calibre ni acepta como perito de parte al Ing. Garbarz (Profesor Titular de la UBA y Coordinador del Proyecto Nacional de Seguridad Teleinformática), son responsables.
Resulta indignante que ahora el presidente del Tribunal pretenda erigirse en defensor de los “derechos humanos de todos” sosteniendo que tomó tal decisión porque el informe médico dice que Iriart “está moribundo”; no es eso lo que él mismo dijo en la audiencia, no es eso lo que dice el informe médico. Seguiremos en la lucha junto al pueblo de La Pampa hasta conseguir que Iriart y todos los genocidas sean condenados.
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