Aunque podrían aparecer algunas copias de esos legajos puntuales, de todos modos es una barbaridad que el Estado pierda semejante patrimonio: las historias clínicas entre los años ’55 y ’95, que es lo que se llevó la inundación –pero también la incompetencia, la pereza y la falta de inversión y de interés– son parte de datos fundamentales sobre la salud de la población, y se trata de información que no existe en ningún otro lado.
El desastre en Salud Pública está demostrado por otro episodio que debiera tener mayor resonancia en los medios, pero al que sólo El Diario le ha atribuido importancia periodística.
Se trata del “caso de la morfina”. Una investigación de Toxicomanía y de la Justicia Federal reveló que una mujer adicta era provista de esa droga de manera ilegal. Según la pesquisa, se aprovechaban de su situación para sacarle abultadas sumas de dinero. Y se trata de una mujer con abundantes recursos.
Pero el asunto central es que los proveedores de la morfina involucrados son tan luego piezas centrales del sistema de Salud.
En un primer caso, del año 2008, quedó involucrado el médico
Fabio Romero, que fue procesado. En el caso de 2009 fueron procesadas 2 enfermeras y están acusadas otras 2. Se las acusa de entregarle morfina a la mujer adicta, en algunos casos robándosela de organismos de Salud Públicos, en otros revendiéndole ampollas compradas en farmacias.
Pero también hay imputados –es decir: sospechados de haber cometido un delito– 4 médicos: Fernando Andreatta (director del hospital de Guatraché), Aurora Frías (ex directora del hospital de Catriló), Ariel Paladini (director del hospital de Colonia Barón) y Daniel Rodríguez Huerta (ex director del mismo hospital de Colonia Barón).
Todos ellos -acusados de recetar morfina de manera irregular y sin el control correspondiente- llegaron a ser directores de hospitales en distintos puntos de la provincia a partir de decisiones del poder político.
Una de las enfermeras comprometidas es citada en el expediente judicial como “la secretaria” del ex subsecretario de Salud, Rubén Ojuez, quien era el médico que había iniciado un tratamiento para que la adicta abandonara su enfermedad (tratamiento que fue interrumpido).
Lo que el caso pone en evidencia es que más allá de los nombres, y más allá de la disposición individual de cada uno de ellos para cometer delitos o permitir con su omisión que se generen, lo que está en crisis es el propio sistema. De otro modo no se puede entender que médicos y enfermeras, es decir profesionales a los que el Estado elige para garantizar la salud de su población, estén haciendo exactamente lo contrario.
La propia causa alerta sobre el descontrol con el que se manejan las drogas en los hospitales públicos, pero independientemente de ese detalle también queda bajo la lupa la real vocación de los miembros del sistema de Salud Pública, la arbitrariedad en el modo de selección del personal y los directivos, la ausencia del Estado para verificar cuestiones elementales.
Es como si fuera una metáfora perfecta de la anomia que se ha generado en el lugar que debiera ser el más sensible de todos: el caso de la morfina alerta porque pone en evidencia que son justamente importantes personajes que tienen la misión de cuidar la Salud los que la están arruinando.
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