El procurador a favor de la Ley

El Procurador General de la Nación, Esteban Righi, entregó hoy a la Corte Suprema su dictamen favorable a la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por considerar “inadmisible que un tribunal dicte una decisión suspensiva de una ley con efectos generales”.
En su resolución, el funcionario consideró también que al admitir el amparo iniciado por el diputado nacional Enrique Thomas en contra de la ley 26.522 votada por el Congreso en octubre pasado “el tribunal soslayó abiertamente la jurisprudencia de la Corte Federal”.
“Lo relativo al proceso de formación y sanción de las leyes, al constituir una atribución propia de los dos poderes constitucionalmente encargados de ello (artículos. 77 a 84 de la Constitución Nacional), resulta, por regla general, ajeno a las facultades jurisdiccionales de los tribunales”, enfatizó.
Por otra parte, el procurador criticó la misma aceptación de una medida cautelar iniciada por el diputado Thomas quien, dijo,"carecía de legitimación para
iniciar el juicio de amparo, tanto en su carácter de legislador como de ciudadano o de supuesto representante de los ciudadanos”.
En particular, recordó que, como principio, “los legisladores no tienen legitimación para atacar actos legislativos pues si ello se admitiera se violaría el juego democrático de mayorías y minorías en el Congreso” y “transformaría al Poder Judicial en un órgano legislativo”.
La Corte no tiene plazos para expedirse, pero si acompaña el dictamen del jefe del Ministerio Público Fiscal podría destrabar la aplicación de la ley fijando un criterio general sobre las medidas cautelares que han paralizado la aplicación.
Por otra parte, el 14 de mayo la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó un fallo cautelar del juez Edmundo Carbone ante una presentación del Grupo Clarín, en contra del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece que las empresas deberán deshacerse en un plazo de un año de las emisoras de radio y tv que excedan el número máximo permitido de licencias. Una pata fundamental de la ley que apunta a romper los monopolios.
Otros licenciatarios de radio y televisión también han cuestionado artículos puntuales de la norma, lo que podría dar lugar a un análisis del articulado de la ley demandada por los potenciales afectados.