¿Y a éstos quién los entiende?

Algunas confusiones en el seno del Concejo Deliberante son lógicas, tomando en cuenta que los bloques que formó la realidad son prácticamente dos coaliciones con mucha mezcla, en las que hay rejuntados y cócteles que a veces no tienen cómo sostenerse.

Pero lo que pasó en la última sesión -sumado a la intervención de otros organismos y actores sociales de la política vernácula- exhibe una dosis de esquizofrenia que debiera al menos inquietar a los ciudadanos santarroseños. Sobre todo si andan con ganas de saber de qué bando está cada cual...

Oscar Vignatti, alguna vez algo así como el alter ego de Juan Carlos Tierno, fue el que presentó un proyecto para pedirle a la firma Cablevisión S.A. que baje el valor del abono que les cobra a los santarroseños por el monopólico servicio de televisión por cable.

Lo hizo en un contexto que ya se sabe: la pelea entre esa firma del Grupo Clarín y la Cooperativa Popular de Electricidad, con el ejecutivo municial y el gobierno provincial en medio de la disputa y la autoridad de aplicación que integra Manolo Baladrón mirando para otro lado.

Lo curioso (o más que curioso, contradictorio) es que 3 de los otros concejales del PJ -que avalaron el proyecto de Vignatti- son los mismos que hace unos pocos días salieron a defender la posición de Cablevisión, en una conferencia de prensa en la que más que como defensores del interés de la comunidad se mostraron como voceros del monopolio.

Más extraño es que Gastón Massari Copes, en nombre del radicalismo, haya rechazado el proyecto de Vignatti con el argumento de que en realidad la Municipalidad nada puede hacer frente a este tipo de cosas, y que incluso haya ido más allá al plantear que la audiencia pública sugerida por Vignatti no tenía sentido, ya que -dijo Massari Copes- la comuna no tiene herramientas para regular ese asunto.

Pero el Concejo Deliberante fue, días atrás, el escenario de una audiencia pública para tratar la problemática de la Salud Pública, pese a que en ese caso el municipio tampoco toma las decisiones. Uno de los que más motorizó esa iniciativa fue el vice-intendente Guillermo Di Liscia, aunque esta vez dijo que el proyecto de Vignatti era "demagógico" e "ingenuo".

Las audiencias públicas se supone que son una herramienta para poner en discusión problemáticas que atañen a los habitantes de la ciudad, a los ciudadanos de Santa Rosa, independientemente de si después el municipio como institución puede resolverlas definitivamente o sugerir caminos a seguir. Son hechos políticos, no necesariamente formales. Así como hacer una audiencia pública sobre la Salud generó reacciones,

movilizaciones, ideas, planteos y toma de decisiones, lo mismo podría ocurrir frente a la cuestión de la televisión por cable u otros temas que influyen en la vida de los ciudadanos de Santa Rosa.

Alicia Iribarren, concejala del Partido del Frente pero también del FrePam aliado con el radicalismo, acompañó la postura de Massari Copes, pese a que como dirigente cercana al kirchnerismo (fue candidata por el Frente Amplio el año pasado) es muy crítica del Grupo Clarín y propicia la vigencia de la Ley de Medios. Justamente Iribarren propuso un respaldo claro del cuerpo legislativo comunal a esa normativa, cosa que desde ya no logró, incluso porque sus propios aliados del radicalismo conservador son férreos opositores a esa medida democratizadora y prefieren que siga vigente la "ley" de radiodifusión de la última dictadura.

Por si falta alguna otra curiosidad -o contradicción- un planteo similar respecto de la Ley de Medios, aunque en la Cámara de Diputados, lo hicieron los legisladores del PJ, y más precisamente los alineados en el marinismo.

Lo único que parece claro en el contexto actual es que en La Pampa y en Santa Rosa nadie -porque no quiere, no puede, o no se anima- está dispuesto a movilizar a los ciudadanos para democratizar el sistema de medios de comunicación: la CPE se queja con notas formales pero no convoca a sus socios a una asamblea, la Municipalidad se queda en reglamentarismos que muchas veces permiten suponer que hubo algún acuerdo de partes, el gobierno provincial ya se sabe que siempre se queda quieto, los legisladores provinciales y municipales le quitan el cuerpo al asunto y se quedan en mezquindades y chiquitajes politiqueros.
Todos parecen contentos con el hecho de que no se termine de definir para quién juega cada cual...

Al final, hay política más jugada en Facebook que en las instituciones teóricamente "políticas"...