Sentencia confirmada

El Tribunal de Impugnación Penal fue severísimo y confirmó la sentencia que condenó al ex director de Deportes Sergio David a 3 años de prisión efectiva por el delito de enriquecimiento ilícito. Por ahora el ex funcionario no irá preso porque la sentencia no está firme: debe pasar por el Superior Tribunal de Justicia y eventualmente por la Corte Suprema.
Los magistrados que le pusieron su firma a la decisión son Verónica Fantini y Gustavo Jensen, quienes respaldaron el fallo de la Cámara del Crimen 2. A David lo acusan de haberse enriquecido indebidamente por un monto de 366.588,40 pesos. El ex director quedaría además inhabilitado para ejercer cargos públicos.
David fue funcionario público entre el 20 de abril de 1998 y el 10 de diciembre de 2003, siempre durante la gobernación de Rubén Marín, y bajo las órdenes de la subsecretaria de Promoción y Asistencia a la Comunidad Elsa Labegorra, con quien aparece en la foto.
Su principal argumento para explicar el enriquecimiento patrimonial hizo referencia siempre a un tío acaudalado que le prestó el dinero: Ángel Ramón Hernández. El famoso pariente, todo un personaje, le contó a la Justicia sus peripecias –su vida en Venezuela, sus emprendimientos con hoteles alojamiento en Tierra del Fuego y en Paraguay; la construcción de 150 departamentos en Villa Gesell– y reveló que su sobrino “con la política aprendió a tomar champán, y cuando cambió se quedó sin nada…”.
Un artículo que la revista El Fisgón publicó en julio de 2008, cuando David fue procesado, describe los detalles de la causa judicial y los viajes al exterior, pero también la costumbre de que reinara el caos administrativo y la sensación de impunidad. Se publica textualmente a continuación, y es oportuno aclarar que tras ese procesamiento la Justicia avanzó en el conocimiento de otros hechos o en distintas interpretaciones, que derivaron -por ejemplo- en variantes sobre la consideración de cuál fue el monto del enriquecimiento.
La construcción de un gimnasio VIP que costó más de medio millón y las mejoras sustanciosas y ocultas que realizó en su casa de la Avenida Spinetto determinaron el procesamiento del ex director de Deportes del marinismo, Sergio David. Al ex funcionario no le alcanzó con el argumento de que su tío rico le prestaba plata para afrontar inversiones y gastos. El procesamiento se conoció el mes pasado. El juez ordenó que ni bien quede firme se haga efectiva la prisión preventiva. Pero el fallo está apelado ante el Tribunal de Impugnación Penal.


Los peritos contadores Ana María Kin y Silvio Alvarez fueron contundentes: dijeron que Sergio David no justificó 486.587,28 pesos de su patrimonio.

INCREÍBLE


El juez Carlos Flores desestimó la versión de David, quien dijo que tanto el gimnasio La Caleta –al que la pericia valuó en 590.971,36 pesos– como las mejoras realizadas en su casa de la Avenida Spinetto las afrontó con los sueldos que percibían él y su esposa y –fundamentalmente– con los aportes de su tío Angel Ramón Hernández. “La postura exculpatoria –dijo Flores– carece de sustento a la luz de las constancias”.
David asumió como director de Deportes el 20 de abril del ’98 y ocupó el cargo hasta el 10 de diciembre de 2003.
La causa establece que David invirtió –personalmente, independientemente del aporte de su tío– nada menos que 295.485,68 pesos en el gimnasio La Caleta (construido en el primer trimestre del año 2005).
Según el juez, “no existe en autos ningún elemento de prueba que sindique que el señor Angel Hernández haya aportado la totalidad de los fondos o que estos proviniesen del acusado o de otros familiares. El apreciable incremento en el patrimonio del encartado surge de la comparación de los bienes que poseía al comienzo de su asunción en el cargo público como director de Deportes de la provincia y de los que se fueron incorporando a su patrimonio en el ejercicio de la función”.

SERVIR A LA CIUDADANÍA


En el fallo, el magistrado señaló que “ninguna duda cabe que la corrupción en el ejercicio de la función pública es uno de los problemas más graves y acuciantes que enfrentan las sociedades modernas”.
Insistió en la necesidad de “proteger el interés público” y que los funcionarios deben poseer cualidades “de probidad, desinterés, capacidad, competencia, disciplina, reserva, imparcialidad, fidelidad, que se traducen en el desempeño de su labor. Labor que se pretende ordenada, decorosa y eficaz”.
“El desempeño de cargos públicos –agregó– implica un compromiso personal de llevarlos a cabo con el propósito de servir a la comunidad y no de utilizar los mismos para provecho propio. En otras palabras, servir a la ciudadanía y no servirse de ella”.
“La transparencia que debe emanar de los actos que son propios de dichas funciones hoy más que nunca reclamados y declamados por nuestra comunidad son esenciales para la credibilidad de las instituciones de las personas que lo integran, en los tres poderes del Estado. El Estado de derecho hoy vigente y su consolidación así lo exige”, completó Flores.
También comentó, al fijar un embargo idéntico a la suma patrimonial no justificada, que “la sociedad tiene derecho a que los servidores públicos que se aparten de las reglas establecidas para el cumplimiento de sus funciones o que hayan obtenido ilegítima ganancia durante su desempeño reciban un castigo proporcionado a la ofensa que infieren, no solamente reflejado en la pena sino en su aspecto patrimonial. Si los servidores públicos inmorales obtienen ganancias a partir de sus faltas, lo menos que puede esperarse es que se afecte patrimonialmente el producto económico de sus actos delictivos”.

A PEDIR DE DAVID


Ricardo Daniel Fernández es un perito contable que puso David. Hizo un estudio muy diferente al de los peritos oficiales. Por eso fue defenestrado en el fallo de Flores. Se quejó de que la prensa refiriera a La Caleta como “gimnasio VIP” y argumentó que se usaron materiales “de calidad intermedia”.
“Poco importa –le dijo el juez– si el gimnasio es VIP o no, esa es una apreciación subjetiva. Lo que sí importa es cuánto costó hacer el gimnasio”.
El perito que puso David insistió en que todo el gimnasio lo pagó Hernández. Cuestionó la pericia del arquitecto Guillermo Enrique Bustos respecto de las mejoras que se le hicieron a la vivienda de la Avenida Spinetto, justificó los viajes al exterior –ver aparte–, consideró que el permanente cambio de automotores “no es llamativo”. “El manejo de los fondos públicos a cargo del señor David ha sido correcto”, juzgó.
Flores le pegó duro y parejo a la pericia de parte: acusó a Fernández de extralimitarse en sus funciones y recordó que la defensa en ningún momento impugnó la pericia de los contadores que demostró que David tenía un suculento patrimonio sin justificar con sus ingresos legítimos.
Al perito de parte le dice que hizo “apreciaciones inconsistentes”, que lo llevaron directamente a desechar el estudio. “Sin perjuicio de ser propuesto por el imputado es su obligación conducirse objetivamente priorizando siempre sus conocimientos científicos y su profesionalismo por sobre el interés de las partes, lo que lo obliga siempre a conducirse objetivamente y con imparcialidad”, lo retó. Y le dijo que se convertía “en abogado defensor” dedicado a impugnar “un trabajo pericial de otros colegas, cuando ni la parte ni por sí, ni su Defensa lo han objetado ni observado”.

INJUSTICIA

El procesamiento de Sergio David pone en evidencia un par de aspectos que demuestran la injusticia reinante.

Justicia lenta no es justicia. El mentado “brazo de la ley” sólo azota a los ex funcionarios cuando ya han hecho todo lo que no deberían.
Es obvio que la circunstancia no depende pura y exclusivamente de los actores –denunciantes, fiscal, juez, peritos– sino que es una realidad que obedece fundamentalmente a que el Poder Judicial es un sistema diseñado para que se garantice la impunidad de los que más tienen.
David se enriqueció en el ejercicio de la función, pero la verdad es que es un “bebé de pecho” al lado de algunos de sus superiores.
Cuando la Justicia castiga a unos y se hace la distraída con otros, es injusticia.
El caso paradigmático tal vez sea el del ex ministro Santiago “Patucho” Alvarez: la sola difusión de sus declaraciones juradas por parte del mensuario Lumbre, el escandaloso salto económico que pegó, debieran haber sido suficientes.
Sin embargo, por la burocracia y las chicanas, su causa sigue congelada.
Y tampoco hay que mirar siempre a los de abajo: el ex gobernador Rubén Marín fue el que brindó el ejemplo desde arriba a sus funcionarios. Marín se hizo de un patrimonio millonario que su sueldo como gobernador de ningún modo podría justificar.
Finalmente, el otro aspecto de la injusticia, es que el Poder Judicial –pero también la oposición política, los medios tradicionales y aún los ciudadanos– se les animan sólo a aquellos que ya han perdido el poder político.
Todos los funcionarios acusados por hechos de corrupción en La Pampa quedaron en la picota sólo cuando el sector político del que forman parte perdió poder de influencia. ¿Cuándo será el día en que el Poder Judicial toque a un pez gordo mientras está en funciones?