Así el Estado estimula la violencia

La agrupación Mujeres por la Solidaridad y el Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos hicieron una severa advertencia al Estado provincial por la ineficiencia que están demostrando los distintos poderes para atender la problemática. Un documento difundido en las últimas horas refiere a casos puntuales. El documento señala textualmente:
En el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, queremos reclamar al estado pampeano una mayor eficacia en el tratamiento de esta compleja problemática. La tarea de las organizaciones de mujeres, junto a una sociedad civil cada vez más sensibilizada ante los casos que alcanzan tratamiento público, es organizar los reclamos ante este flagelo, exigiéndole al Estado una presencia alerta, previsora, educadora, que garantice acciones efectivas para desterrar paulatinamente el grave problema de la violencia de género.
Recordemos que esta sociedad decidió impedir que un golpeador de mujeres accediera o permaneciera en un cargo público electivo, demostrando haber avanzado en la conciencia de estos hechos y en la de los valores que considera esenciales requerir a un gobernante. Basándonos en nuestra experiencia de trabajo, parte de la cual consiste en acompañar diversos casos testigo, escuchando a mujeres y familias, hemos encontrado que la Ley 1918 de Violencia Familiar, no se aplica correctamente en todos los casos, ni por parte de efectivos policiales, ni por parte del poder judicial, ni por organismos que dependen del poder ejecutivo.
-En algunos casos, no se toman denuncias, ni comunicaciones, sino exposiciones, éstas carecen de utilidad para proseguir con un trámite en el Fuero Penal y/o Civil. Además las mujeres desconocen que ante la reiteración de episodios de violencia las exposiciones previas no resultan significativas.
-En otros casos, las/los jueces han desestimado informes de la Dirección de Violencia, gestándose en la denunciante la sospecha de que acudir a los organismos que el Estado ha determinado para tal fin, no ha sido útil. De igual manera al equiparar como igualmente violentos a víctima y victimario, ignorando la inequidad y asimetría de poder de estas situaciones, se favorece el fortalecimiento del agresor y el debilitamiento de la mujer.
-En algunos casos de maltrato infantil existió, por lo menos, imprevisión ante el grave riesgo al que los/las menores estaban expuestos/as, resultando en la muerte de los/las mismos.
-En casos donde el golpeador tiene mayor poder o nivel socioeconómico, se presume que al menos obtuvo beneficios en el tratamiento por parte de la Justicia.
-La ley 1918 contiene una cláusula autocorrectiva, que obliga a evaluarla cada año y mejorarla si es preciso. Sin embargo, esto no se ha realizado en 2007 ni aún en 2008, y ni siquiera es aplicada, en muchos casos. Al respecto, es altamente preocupante la ausencia del abordaje integral del tratamiento del hombre violento, con supervisión de los organismos pertinentes, ni siquiera en los casos en que los ataques concluyeron en gravísimas lesiones para las víctimas.
-Parece haber una particular desidia en la búsqueda de un hombre acusado de violación a una niña en nuestra provincia. La niña tuvo un embarazo de alto riesgo como consecuencia de las violaciones reiteradas de este hombre, que la amenazaba con dañar a su familia, y tuvo un bebé. Se demoró en pedir las pruebas de ADN necesarias. Se citó al violador, casi como un aviso para permitir la fuga. Queremos destacar que se ha detenido a jóvenes por delitos leves contra la propiedad, como pintar consignas en las paredes, y se demora en accionar contra quienes son acusados de delitos graves y deleznables como la violación de niñas. Se duda de las víctimas, a favor de los victimarios, cuando las víctimas difícilmente mientan en casos como éstos, en los que más bien cuesta denunciar. No sólo se sigue sin querer ver lo que realmente ocurre en nuestra sociedad, sino que se revictimiza a las mujeres y niños al negárseles u obstaculizarles el acceso a la justicia, al demorar injustificadamente las acciones para que la violencia cese, o para prevenir consecuencias más graves.
-El feminicidio o femicidio es una forma extrema de violencia de género, en que se llega a la muerte de la mujer, como resultado de un vínculo caracterizado por la violencia machista naturalizada. Según una investigación de la organización “Casa del Encuentro”, hubo 165 casos de feminicidio en lo que va del año 2008. Recientemente el caso de la mujer asesinada por su pareja en Barrio Atuel, concurriría a engrosar tan lamentable estadística.
-La Justicia se ha mostrado también inequitativa cuando los acusados son sacerdotes, condición que no excluye la capacidad de delinquir. Denuncias graves de parte de una cantidad importante de familias que involucran sometimiento, tratos crueles, inducción al auto maltrato físico, situaciones que favorecen la aparición de enfermedades, además de estafa, etc. a jóvenes de nuestra localidad, no han siquiera merecido que se cite a declarar a personas que tendrían grados importantes de responsabilidad, impidiendo de hecho que prospere la acusación de asociación ilícita. Se ve así la dificultad de los jueces para enfrentar un caso que involucra a la Iglesia, sobre todo teniendo en cuenta que la jerarquía se pronunció a favor de los sacerdotes presentándolos como víctimas, antes de que la justicia investigue y se pronuncie. Necesitamos que los jueces actúen sin dejarse presionar por este tipo de declaraciones.
-La inequidad en el accionar de la justicia, es violencia para la sociedad en general y para las mujeres en particular, en tanto deja inermes a los ciudadanos y ciudadanas ante quienes tienen algún poder, y ante quienes ostentan cargos para participar del mismo, perdiendo de vista que son en realidad quienes deben garantizar los derechos de las personas. Funcionarios y funcionarias de cualquier estamento del estado que actúan con sentimiento de casta, atentan contra todo sentido democrático. En este año, un caso de acoso sexual en el mismo edificio de la legislatura ha puesto en evidencia otra de las formas de violencia de género, ha llamado la atención de la sociedad, y se ha accionado para exigir a las autoridades que actúen contra esta clase de abuso .Esperamos que de aquí en más se ayude a denunciar estos delitos y se tomen con la seriedad que merecen.
-El triste caso de Andrea López, castigada salvajemente por su pareja, por un lado, y una de las de alrededor de 500 mujeres que desaparecen en democracia por año en nuestro país, víctimas de las redes de prostitución y de trata, otro de los flagelos que azotan principalmente a mujeres y niños, sigue convocándonos a insistir en que no quede en un caso irresuelto más. Y sigue mostrando la necesidad de luchar seriamente contra la trata en nuestra provincia, con un estado alerta y no minimizador de este flagelo. Recordemos que ya hemos tenido casos de captación de menores, que nuestra provincia ya es señalada como provincia de destino, que hay menores altamente expuestas y en riesgo, y mujeres víctimas de violencia como son las mujeres en situación de prostitución. Hace pocos días una menor de Misiones fue hallada en la localidad de Guatraché, después de ser duramente golpeada, y luego de que pudo comunicarse con su madre para informar su paradero, en circunstancias que se han relacionado con inducción a la prostitución, o posible caso de trata. Todo esto y los numerosos casos de menores que están siendo rescatadas en diversos puntos de nuestro país y de países limítrofes, hace que deba ponerse en la mira del estado este problema con la debida decisión y seriedad.
-En los últimos días, dos niñas han sido de algún modo víctimas de un estado que no privilegió sus derechos esenciales, que no cumplió con Convenciones Internacionales de carácter constitucional, que no revisa sus leyes, sus procedimientos, ni actúa con el sentido común necesario para evitar mayores daños a quienes ya arrancan su vida con algunas desventajas. Estos casos que son emergentes de muchos otros, han mostrado fallas graves en la Ley de Adopción, en el sistema de familias sustitutas, en el manejo de los tiempos tan vitales para los niños y niñas, cuyos primeros años de vida son muy importantes para su ulterior desarrollo, y para crear vínculos afectivos saludables y duraderos.
-El mismo día de la Lucha para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, una mujer denunciaba, en la plaza San Martín, donde se levanta la carpa de las familias Carro y Vargas, la terrible golpiza que recibió primero de su ex-pareja y luego de parte de personal policial, en la ciudad de Castex, habiendo tenido que permanecer hospitalizada, y quedándole aún secuelas de la misma. La naturalización de la violencia policial, que es común además en ciertos barrios con los y las menores, permanece como una rémora de gobiernos dictatoriales, y son inadmisibles en un estado de derecho. Es necesario que reaccionemos ante esto como la barbaridad y violación flagrante de derechos que es, y que quienes tienen responsabilidad actúen con extrema firmeza, ya que no queremos una policía que actúe como un ente autárquico, o como organismos parapoliciales o parainstitucionales. Y que presten también atención a la violencia institucional que significa el maltrato hacia quienes se dirigen a hacer denuncias o el no cumplimiento o cumplimiento inadecuado de procedimientos que permiten conservar pruebas, como en casos de violación, u otros. El uso de un uniforme y un arma constituye una seria responsabilidad social, como para que quede en manos de quienes desean hacer abuso de autoridad.
Sabemos que las efemérides, los días conmemorativos, se establecen para dar oportunidad de hablar sobre temas necesarios, para sensibilizar, educar, denunciar, exigir, llamar la atención sobre los graves problemas que nos aquejan. Como otras organizaciones de la sociedad civil, y organismos estatales contribuimos a esto con nuestro aporte. Pero necesitamos que el Estado se ocupe de estos temas los 365 días del año, mediante políticas públicas adecuadas y el funcionamiento eficaz y éticamente inobjetable de sus instituciones.