Cristina, formalmente, habilitó al Procurador General del Tesoro, Joaquín Da Rocha, para que haga la presentación correspondiente ante el juez federal subrogante Gustavo Pimentel.
La medida permitirá al juez definir medidas contra los líderes de la protesta: puede ordenar la detención o el desalojo del piquete que impide el paso internacional que comunica con Uruguay. El gobierno ya aclaró varias veces que no reprimirá de ningún modo ni hará actuar a fuerzas armadas o de seguridad.
El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak, criticó a los asambleístas. Cuestionó la "actitud cerril" de quienes mantienen el corte y los llamó a "reaccionar rápidamente" porque "ya no quedan excusas para mantener cortado un puente que nos une a un país hermano".
"Nosotros no vamos con palos, vamos con la Ley en la mano; vamos a proceder con todos los instrumentos judiciales disponibles y estoy seguro de que el puente va a quedar liberado", dijo.
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