El IPESA, 2 años después

Hoy los diarios informan el llamado a indagatoria de dos ex funcionarios del gobierno provincial vinculados con las políticas de niñez y adolescencia, y fundamentalmente con el Instituto Pampeano de Educación y Socialización (IPESA). Se trata de la ex directora del área, Alicia Echeveste, y del director del IPESA Carlos San Miguel, quien en la foto del día de la asunción aparece junto al entonces ministro de Bienestar Sergio Ziliotto, hoy jefe del Consejo Local de Unidades Básicas.
En abril de 2008, es decir hace más de dos años, la revista El Fisgón –en papel– informó el cúmulo de irregularidades registradas en ese organismo, que se describió como un “depósito de pibes”.

Entre otras cosas, se advirtió que: el nivel de resocialización descendió al 0 por ciento; se hacían maniobras a espaldas del Juzgado; se internó a una mujer adolescente con chicos varones; se amontonan chicos que tienen problemas siquiátricos con delincuentes o con pibes abandonados por su familia; los profesionales responden a órdenes de gente no del todo capacitada; hay acomodos políticos; los consejos de los operadores no se escuchan. Desde el cambio de gobierno la situación es cada vez peor, se informó. El artículo central, a continuación.
La situación del Instituto Pampeano de Educación y Socialización de Adolescentes (IPESA) es cada vez peor. A tal punto que en la actualidad está convertido en un auténtico depósito de pibes, lejos de los objetivos para los que fue creado. Y lejos, también, de sacudirse los fantasmas que lo vinculan con el nefasto Proyecto Vida.

Los jóvenes “institucionalizados” están amontonados y mezclados, sin que nadie se fije en particularidades. Para el “híbrido” del IPESA lo mismo da alguien que cometió un delito de gravedad, que un adolescente con problemas siquiátricos, que un chico que se quedó sin sus padres. Todos van a parar al mismo lugar y son tratados del mismo modo por las mismas personas.
El IPESA es usado también para mandar a quienes “se portan mal” en los hogares de tránsito. Obviamente esa situación genera rispideces y, antes que nada, el rechazo de los propios adolescentes, que intentan fugas. Pero estas medidas, además, se están tomando a espaldas de la jueza de Familia y Menor Cristina Baladrón, quien tampoco hace mucho por interesarse en las condiciones de vida de los adolescentes institucionalizados.

LA BIBLIA Y EL CALEFÓN


El IPESA es un instituto destinado a adolescentes y jóvenes de entre 13 y 21 años. Pero se ha convertido también en un sitio al que van a parar todos los que no tienen cabida en otro lugar.
Incluso desde la Unidad 30 (la Cárcel de Menores) llegan derivaciones, porque en esa institución no aceptan ni a los condenados por homicidio ni a los condenados por delitos sexuales. Son dos de los máximos generadores de conflictos: los homicidas porque enseguida sacan “chapa” de “capos”; los violadores porque sufren el resentimiento y el castigo por parte de los otros internos.
Pero al IPESA llegan adolescentes y jóvenes que de ningún modo tendrían que estar ahí. Y se hacen maniobras de ocultamiento al Juzgado de Menores, que muchas veces ni sabe de esas presencias.

OPERADORES SIN OPERAR


Entre la cantidad de anomalías cotidianas, se incluye el hecho de que los operadores están recargados en su horario de trabajo, lo cual lógicamente conspira contra una saludable realización de su tarea.
Los operadores son 30, pero están en funciones aproximadamente 20 (el resto tiene licencias, o presenta carpetas médicas muchas veces derivadas del stress que genera el mismo trabajo).
Aunque cualquier manual establece que lo cercano al ideal es trabajar con un operador cada 3 internos, en realidad se está trabajando con 2 operadores por cada sector (es decir: entre 10 y 12 adolescentes).
A esa situación se suman las peleas internas que nunca faltan, la ausencia de vigilancia gremial (un delegado sindical habría sido designado a cargo del Hogar de Mujeres y desde entonces se olvidó de todos los reclamos) y la precarización laboral “normalizada”.

RESOCIALIZACIÓN CERO


Un operador confiesa: “la resocialización es una mentira total; y en lo terapéutico directamente ni se trabaja”.
Hasta no hace mucho tiempo el IPESA tenía un nivel de “resocialización” del 10%, lo cual según los especialistas era un nivel “altísimo”. En la actualidad, si esa estadística se hiciera, el resultado sería 0, se atreven a aventurar prestigiosos conocedores de la problemática.
Porque además se ha ido instalando la idea de que el trabajo del operador es innecesario o inservible, o “poco creíble”. Esa teoría –cuentan empleados del IPESA– fue especialmente impuesta por un “especialista” que llegó desde Formosa y que logró acomodarse políticamente.
Los “operadores” son los que conocen de cerca a los adolescentes, los que hacen su seguimiento fuera del instituto cuando se intenta el proceso de “resocialización”, los que hacen advertencias sobre su comportamiento y conductas.
Muchas veces esa tarea es desechada por los superiores porque significa “demasiado trabajo”. Siempre resulta menos engorroso meter la basura bajo la alfombra. Es más fácil y más cómodo. Pero también más riesgoso. Sobre todo si se piensa en la vida de los chicos involucrados.
Las “autoridades” del IPESA desoyen los consejos de los operadores, que son los que más saben de cada chico: los que conviven, los que hacen un seguimiento, los que les “bancan” –por ejemplo– sus momentos de depresión y violencia.

El Fisgón, abril de 2008, número 106