Papel Prensa es la empresa que el Grupo Clarín y el diario La Nación manejan desde que se la apropiaron en épocas de la dictadura militar (ver una breve historia del saqueo).
Contar con esa herramienta estratégica -en la que el Estado es socio, pero durante años asistió como bobo a la toma de decisiones- les permite notables ventajas comparativas respecto de sus competidores en el mercado de periodismo gráfico. Desde Papel Prensa -entre otras cosas- se colocan precios prohibitivos para algunos periódicos, lo que en la práctica ahoga a los pequeños y medianos diarios del interior del país que no se agachan ante las decisiones de los medios más grandes.En un escrito que presentó el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en representación del Estado Nacional y al que la agencia oficial de noticias -Télam- tuvo acceso, se sostiene que todo esto "ponen en serio peligro la situación económica y financiera de la sociedad y revelan la intención del grupo mayoritario y administradores que lo representan profundizar la situación de gravedad que motivara la intervención" de la empresa.
Tras puntualizar que "hasta la fecha no fue satisfecho" el requerimiento judicial, se solicita, entre otras cuestiones, "se decrete el agravamiento de la medida cautelar decretada con fecha 8 de marzo pasado, disponiendo la intervención de la sociedad con carácter de administración y con desplazamiento de autoridades" en Papel Prensa.
Entre otros fundamentos, el escrito recuerda que al determinarse las funciones del Interventor se estableció "asegurar el efectivo, amplio y pleno derecho de información de los integrantes del directorio, síndicos y consejos de vigilancia, e incluso de los accionistas".
"No obstante la claridad y el carácter imperativo de la decisión judicial, la sociedad demandada continúa con su política de negar información a los representantes del Estado Nacional", indica el texto presentado ante la Justicia.
Recuerda que ante "dicha actuación irregular" quien representa al Estado Nacional en el Consejo de Vigilancia de la sociedad demandada, Alberto González Arzac, "inició como querellante por ante el Juzgado Penal Económico Número 4, Secretaría Número 8 de esta ciudad, una denuncia contra el Dr. Alberto Maquieira, quien actuara en forma irregular como Presidente desde el 4 de noviembre de 2009, por la presunta comisión de los delitos de fraudes al comercio y a la industria".
"En definitiva, entonces, y en lo que hace a la violación al derecho a la información que hoy subsiste, ni siquiera el requerimiento formulado por el Sr. Interventor", ni "aún otorgando un excesivo plazo de diez días", tuvo como resultado que "quienes actúan por la sociedad demandada depongan la negativa de brindar la información que por derecho le corresponde al Estado Nacional y los directores que lo representan", agrega.
Refiere que "ello demuestra que quienes actúan por la sociedad demandada carecen de la voluntad de someterse a la decisión judicial, regularizar la grave situación que padece la sociedad y enderezar sus actos como un buen socio o administrador conforme el derecho vigente".
Tras ampliar consideraciones que fundamentan el pedido del Gobierno Nacional, Moreno solicita a la Justicia "se tengan presente las irregularidades denunciadas y se dicte el agravamiento de la medida cautelar decretada con fecha 8 de marzo pasado, disponiendo la intervención de la sociedad con carácter de administración y con desplazamiento de autoridades".
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