Papel Prensa: una mirada

Ahora que la verdad sobre Papel Prensa empieza a ser -como nunca debió dejar de serlo- una cuestión de interés público, no está mal recordar que hay literatura ni siquiera nueva pero sí escondida que se metió bastante a fondo con el asunto. Juan Gasparini es autor de "David Graiver, el banquero de los montoneros". Graiver fue el empresario que poseía la mayoría de las acciones de Papel Prensa y que murió en un "accidente" aéreo en plena dictadura miliar, el 7 de agosto del '76. Ese fallecimiento impulsó los negocios posteriores: metieron la cola las Fuerzas Armadas, Clarín, La Nación y La Prensa para quedarse con esa firma, de un poder estratégico inconmensurable.
El libro fue publicado en el año 2007. Ausente de librerías y ya libre de cualquier eventual tentativa de querella penal o demanda civil por el tiempo transcurrido desde su aparición, "hoy he decidido, con anuencia del editor, ofrecer gratis su lectura por Internet", dice Gasparini.

Para acceder al relato periodístico, se puede ingresar a su sitio web www.juangasparini.com.

Allí también podrán consultar la base legal completa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Gasparini se pregunta qué fue exactamente la operación por Papel Prensa: "¿Expolio o transacción regular? Los herederos de David Graiver, ¿fueron desposeídos violentamente, secuestrados y en cautiverio mientras los tres grandes diarios de la época tomaban el control del insumo para la difusión de noticias por vía de periódicos y revistas?".

En medio de ese debate La Nación y Clarín han salido a clamar su inocencia. El autor de la obra sobre la vida del "banquero montonero" remarca: "Cierto es que en la recuperada democracia se condenó a prisión perpetua al ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz, autoridad en el centro clandestino de detención donde los familiares y allegados al fallecido David Graiver sufrieron vejámenes. La sentencia alude a crímenes de lesa humanidad y es, desde el 17 de febrero de 2009, por resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cosa juzgada. Pero la sanción incrimina a un miembro de las Fuerzas de Seguridad: ¿no faltaría determinar en el terreno penal si, además, hubo complicidades civiles, y, por ejemplo, los tres órganos de comunicación citados pudieron tener algún grado de participación, o habrían sacado beneficios ilícitos de esas imprescriptibles y atroces infracciones?".

Una pregunta que queda picando.

"Para terminar con esta situación relativa a un episodio delictivo de la 'guerra sucia', ¿no habrá llegado el momento que intervengan los tribunales?", interroga Gasparini.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, integrado por expertos independientes encargados de vigilar el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, uno de los dos pilares del sistema de Naciones Unidas, viene de recomendarle a la Argentina (en Nueva York) que despliegue "un esfuerzo riguroso en la tramitación" de las causas por graves violaciones de las libertades fundamentales en su pasado reciente.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, compuesto por 47 Estados, entre ellos la Argentina, todos elegidos por el voto secreto de la Asamblea General de la ONU, adoptó hace pocos días por consenso (en Ginebra) una resolución sobre los deberes de jueces, fiscales y abogados en cuanto a la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Exhortó a los gobiernos a investigar sin injerencia, "con prontitud, eficacia, independencia e imparcialidad para poner a los responsables a disposición de la justicia".