El aborto llega a la Corte

La Corte Suprema de Justicia tendrá la histórica oportunidad de fijar posición frente a la problemática del aborto no punible. Y será a raíz del caso pampeano.
Este martes 6 de abril a las 11 de la mañana, en la sede de la calle Talcahuano, el abogado Andrés Gil Domínguez formalizará el recurso de queja para oponerse al veto que firmó el gobernador Oscar Mario Jorge a la ley que en nuestra provincia reglamentaba los abortos no punibles. Dos representantes locales estarán en la Corte: Mónica Rodríguez y Verónica Rodas se harán presentes para convertir ese trámite formal en un acto con el peso político que merece.
Los abortos no punibles están previstos desde 1921: el Código Penal argentino establece que hay casos en que abortar no es delito. Pero por influencias eclesiásticas, por conservadurismo judicial y porque los médicos también le quitan el cuerpo al asunto, termina ocurriendo lo que todos sabemos: en distintos puntos del país se acumulan los casos de niñas o adolescentes que tienen que andar penando para que se haga lo que la ley dice; deben soportar el trauma de la exposición, que se suma a sus condiciones vulnerables y en ocasiones al drama de una violación, por ejemplo.
El Estado, en lugar de jugar al distraido, tiene que hacerse cargo.
Eso es lo que propiciaba la ley que se votó en La Pampa, con una clarísima mayoría, y que establecía una reglamentación precisa, para que no existieran más excusas ni dimes y diretes.
Pero Jorge llegó al gobierno y en una de sus primeras decisiones importantes la vetó, usando como argumentos algunos formalismos que ni él mismo se creyó, referidos a lo que esa misma normativa considera que es "la salud".
El proyecto del socialista Adrián Peppino, interpretaba -con acuerdo de representantes de todos los otros bloques- que el concepto de salud implica el "bienestar físico, psíquico y social", definido en otra ley provincial, en consonancia con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud.
El gobernador, muy en su dinosáurico estilo, se basa en el criterio que prefieren los sectores conservadores vinculados con la Iglesia (aquello de que la salud es en realidad la ausencia de enfermedad).
Una vez que la Corte tenga el casos en sus manos deberá resolver si define sólo lo superficial o se mete con el fondo de la cuestión.
Claro está que será sólo en referencia al abordo no punible ya previsto en el Código Penal. Es decir: es una resolución independiente de la ofensiva legislativa -que también existe, y con obvias resistencias del conservadurismo- para que exista en el país la posibilidad de un aboro legal, seguro y gratuito, que deje de comprometer las vidas de las mujeres pobres.