Cable a tierra

En lo que es el colmo de la hipocresía, el Grupo Clarín ha decidido presentar su sucursal en la provincia con un “Somos La Pampa”, como zonza estrategia para tratar de cosechar alguna simpatía de los pampeanos distraidos. Lo mismo hacen en otros puntos del país.

La realidad demuestra otra cosa: el Grupo Clarín está contra la comunidad de Santa Rosa. Y eso debería provocar la reacción organizada de los ciudadanos que pretenden vivir en un lugar donde reine un mínimo de justicia.

Este miércoles a la medianoche se vence el plazo que el municipio le otorgó -en lo que es una demasía de generosidad- para que desconecte la fibra óptica que montó de manera ilegal, abusando de su poder y no sólo vulnerando derechos laborales de los operarios a los que mandó a hacer esa tarea, sino pasando por encima de los varios organismos oficiales que le advirtieron que estaba violando las normativas vigentes.

A la 0 hora del jueves, cable a tierra: hay que descontectar los cables.

Pero Clarín decidió desafiar y advertir a las dos instituciones con las que los ciudadanos de la capital pampeana tienen relación más directa: la Municipalidad y la Cooperativa. Son las dos entidades que -más allá de obvias disidencias y errores- más y mejor representan a los habitantes de la ciudad. Y son parte de la identidad.

La CPE debe estudiar a fondo la chance de llamar a sus socios a movilizarse, ya sea en asambleas o en manifestaciones.Clarín, desde alguna oficina lejana, decidió jugar a fondo y envió una carta documento en la que no niega la ilegitimidad de sus procederes, pero anuncia -como si supiera- un fallo judicial favorable.

Es un estilo digno de comportamientos mafiosos: Clarín no sólo trata de amedrentar a
la Cooperativa de los santarroseños con ocasionarle un perjuicio económico, sino que se jacta de su poder de influencia dando a entender que la Justicia resolverá a petición y antojo del propio Grupo. Es, de algún modo, una especie de confesión de cómo es que ese poderoso grupo ha logrado algunas cosas.
Cablevisión S.A. goza de un monopolio en nuestras narices: presta en exclusiva el servicio de televisión por cable. No tiene competencia. Y se ha aprovechado durante años de esa posición y del poderío económico y político del Grupo para arrancarle otros privilegios a las instituciones pampeanas y para abusarse de los usuarios y pisotear las normativas vigentes. Canjes publicitarios, tarifas sociales ignoradas, tendido de fibra óptica sin autorización son sólo algunas de esas prácticas despóticas.
En ese marco, ninguno de los legisladores nacionales que representan a nuestra provincia parecen dispuestos a dar una mano a favor de los habitantes santarroseños y de las instituciones que los representan, no sólo ante este hecho, sino para lo que viene de aquí en más.
El marinismo Manuel Baladrón hace un sugestivo silencio desde la Autoridad de Aplicación de la Ley de Medios. El bloque “ni-ni” que armaron Carlos Verna y sus secuaces disimula todo lo que puede su posición, mientras la Justicia le pone trabas a la ley de la democracia. Los radicales Juan Carlos Marino y Ulises Forte son directamente militantes en contra de la ley. Marino votó en contra. Forte, referente de los patrones rurales –y llegado al Congreso a partir de las sugerencias políticas del intendente Torroba– anda repitiendo que no es necesario que las cooperativas se metan en asuntos de la comunicación.

Todo lo hacen bajo el ridículo argumento de que es una ley K, cuando en realidad se trata de una legislación debatida en todo el país, con foros plurales, reclamada por numerosos y diversos sectores y trabajada con el consenso de múltiples actores.

J.P.G.