El documento señala que durante 2009 "existieron avances en cuestiones sustantivas para la vigencia de estos derechos" entre los que se destacan la consolidación del proceso de verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad, la extensión de las asignaciones familiares por hijo y la aprobación de la ley de servicios de comunicación audiovisual.
Al mismo tiempo, remarca que subsisten violaciones graves de derechos humanos en cárceles y comisarías del país y llama la atención por el aumento de hechos de violencia institucional protagonizados por fuerzas de seguridad y por las regresiones en materia de políticas públicas de seguridad.
Respecto del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, el Informe advierte que aunque continuaron surgiendo trabas por parte de algunos tribunales y dificultades logísticas irresueltas que demoran los juicios más allá de lo razonable, durante 2009 se iniciaron debates fundamentales en la ciudad de Buenos Aires, con la apertura de la instancia oral y pública en los juicios por los delitos cometidos en los centros de detención ESMA y Vesubio y en el circuito represivo Atlético - Banco - Olimpo. También comenzaron importantes juicios orales en las provincias de Formosa, Salta y Santa Fe.
El CELS subraya la importancia de la política de extensión de asignaciones familiares definida por el Estado nacional, "en tanto implica el reconocimiento del derecho a la inclusión social de un amplio sector de la población. No obstante es necesario avanzar en la universalización total de las asignaciones y generar mecanismos de actualización que eviten el deterioro del ingreso a causa de la inflación", plantea.
El Informe también destaca otros importantes logros alcanzados durante 2009, como la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual surgida a partir de una inédita participación de la sociedad civil y la derogación de las figuras penales de calumnias e injurias para las expresiones referidas a asuntos de interés público.
Por otra parte, el Informe releva un aumento del 12% en los casos de personas muertas en hechos de violencia institucional en el área metropolitana de Buenos Aires. Entre ellos, los protagonizados por policías federales se incrementaron un 57%. Durante todo 2009, la respuesta estatal no se focalizó en este tipo de problemas. Por el contrario, insistieron en propuesta de ampliación de las facultades policiales y endurecimiento del sistema penal. Eso explica buena parte de las dificultades evidenciadas por los distintos gobiernos para diseñar y gestionar políticas públicas de seguridad democráticas y eficientes.
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