Igualdad no es persecución

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado negó que Felipe y Marcela Noble, los hijos adoptivos de la dueña de Clarín hayan recibido un trato vejatorio el viernes, cuando la Justicia obtuvo nuevas muestras de material genético para que permitan establecer si son hijos de desaparecidos.
Ante las denuncias de una supuesta persecución, la jueza aclaró que actuó exactamente del mismo modo en que lo hizo en otros casos en que se investigan sustracciones de personas durante la dictadura.
Arroyo detalló que los allanamientos para la obtención de las muestras de material genético se desarrollaron "conforme lo marca la Constitución y el Código de Procedimiento", y con un trato "sumamente respetuoso".
"El trato fue sumamente respetuoso, guardando el pudor de las personas, atendiendo a la condición de víctimas. Tengo la plena seguridad que toda la diligencia de allanamiento se desarrolló conforme lo marca la Constitución y el Código de Procedimiento", aseveró la magistrada en declaraciones a radio Del Plata que citó la agencia oficial Télam.
En este sentido, afirmó que las medidas que tomó, en el marco de la causa que intenta determinar si los hijos adoptivos de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, son o no hijos de desaparecidos, "no tienen nada que ver con ninguna especulación política".
"Yo trabajo con la Constitución y la ley, y las medidas que tomé son las mismas que adopté en otros casos semejantes, por posible sustracción y apropiación de personas de la época de la dictadura", explicó Arroyo Salgado, quien -según consignó- estuvo a cargo de otros tres expedientes por restitución de identidad.
La magistrada contó que durante la audiencia que mantuvo el viernes en su juzgado con Felipe y Marcela Noble Herrera interrogó a ambos sobre si prestaban su consentimiento para que las muestras de ADN pudieran ser confrontadas en el Banco de Datos Genéticos.
"Ellos se manifestaron por la negativa, y les planteé si estaban dispuestos a aportar nuevas muestras de ADN y respondieron que no", precisó la jueza, quien sostuvo que, "frente a esto, la ley impone al juez el deber de lograr estas muestras de ADN por otros mecanismos alternativos y consagra expresamente la potestad de requisas personales o registros domiciliarios".
De este modo, afirmó que eso fue lo que inmediatamente, luego de terminada la audiencia, aseguró que "los dos abogados firmaron de plena conformidad" las actas de los allanamientos y sostuvo que "no hubo quejas en el procedimientos que estén documentadas en las actas".
"No hubo ningún trato vejatorio", afirmó Arroyo Salgado, quien detalló que al procedimientos "fueron dos secretarios del juzgado para garantizar al máximo los derechos" y sostuvo que, "incluso se realizaron con especialistas técnicos para dar mayores garantías, con personal femeninos y masculinos".
En este sentido, la jueza detalló que "se documentó todo el procedimiento filmado para resguardar el trato que hubo de máximo respeto para con las víctimas" e indicó que, "lo que no se filmó, fue respecto de las prendas que ellos llevaban" por resguardo de la intimidad.
Por otro lado, negó que hubiese habido autorización para requisarlos en la vía pública y sostuvo que "lo que sí se facultaba era a interceptar en la vía pública previo al ingreso al domicilio" a Felipe y Marcela Noble Herrera.
En este sentido, la magistrada recordó que "en los allanamientos dispuestos en diciembre pasado -cuando la causa aún estaba a cargo del juez Conrado Bergesio-, el personal tardó una hora y media para ingresar al domicilio".
"Cuidamos la inmediatez (del procedimiento) teniendo en cuenta la experiencia del allanamiento del mes de diciembre", enfatizó la magistrada quien, una y otra vez, reiteró en la entrevista el carácter "respetuoso" de la diligencia realizada el viernes último.
En otro orden, indicó que, como es de rigor, "serán notificadas todas las partes cuando el Banco de Datos Genéticos asigne una fecha" para realizar el peritaje que permitirá determinar si el ADN de Felipe y Marcela Herrera Noble se corresponde con el de alguna familia de desaparecidos durante la última dictadura.
En este sentido, Arroyo Salgado negó rotundamente que el Banco de Datos Genético no daría garantías por "cuestiones políticas" y recordó que ese cuerpo, que funciona en el Hospital Durand, "depende del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".