viernes, 28 de mayo de 2010

Aborto legal, seguro y gratuito

Hoy es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. En Santa Rosa, integrantes de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito recordaron la existencia del proyecto de ley de legalización del aborto.
A tres años de la primera presentación, los miembros del espacio renovaron la exigencia de que el Congreso Nacional trate el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), firmado por 46 diputadas y diputados de todos los bloques. Entre ellos hay hasta ahora dos pampeanos: Adriana García (perionismo “disidente”) y Eduardo Kenny (UCR-FrePam).
La declaración en el año 2005 ya aseveró que “la clandestinidad del aborto no impide su realización, aumenta los riesgos y atenta contra la dignidad de las mujeres y de toda la sociedad. No queremos ni una sola muerte más por abortos inseguros”.
Desde esa fecha 2.500.000 abortos clandestinos han sido vividos por las mujeres enfrentando la criminalización que las amenaza. Esta deuda social debe ser pagada, apuntaron los integrantes de la Campaña.
Miles de personas aportan su firma para apoyar la descriminalización y legalización del aborto.
Ese documento defiende:
 

-El respeto al derecho personalísimo e inalienable de las mujeres a su autonomía y el reconocimiento de su responsabilidad para decidir sobre su propio cuerpo, su sexualidad y su fecundidad.

-El derecho a la atención integral, segura y gratuita, en hospitales públicos.

-El derecho al aborto es una causa justa por su contenido democrático y de justicia social. Son las mujeres pobres las que no tienen acceso a abortos seguros y arriesgan su vida y su salud en abortos peligrosos sin atención adecuada.

-La dignidad de la maternidad voluntaria y elegida, que debe ser un derecho de todas las mujeres.

-El derecho a la información y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos que permitan proteger la salud y autonomía: Implementación efectiva de la educación sexual en todas las escuelas; insumos de anticoncepción variados y accesibles en los servicios públicos de todo el país, como indica el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable; consejerías de atención pre y posaborto en el sistema público de salud de gestión estatal, privada y obras sociales; realización no judicializada y sin demoras de los abortos no punibles.

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