Evo pone a prueba su gobierno

Casi 4 millones de bolivianos votan la nueva Constitución propuesta por el Gobierno de Evo Morales. En materia económica, el Estado se convierte en el "actor central" de un modelo que también reconoce la propiedad privada, comunitaria y cooperativa. Los recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, "son propiedad inalienable del pueblo boliviano y el Estado los administrará en función del interés colectivo", por lo que asume el control y dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos estratégicos.
Además tiene una amplia carta de derechos fundamentales, civiles, políticos, sociales y económicos, donde se destacan las garantías contra la violencia de género, los derechos educativos, sanitarios o los que consagran el acceso universal a servicios básicos como el agua, la electricidad, el gas o las telecomunicaciones, entre otros.
Se define a Bolivia como un Estado pacifista en el que queda prohibida la instalación de bases militares extranjeras y se garantiza el derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado, en el que queda vedado el ingreso, tránsito y depósito de residuos nucleares y desechos tóxicos.
La propuesta define un Estado laico separado de la Iglesia Católica y se establece igualdad de condiciones con todos los otros cultos, incluido los indígenas de los pueblos originarios.
La coca debe ser protegida por el Estado como "patrimonio cultural" y "factor de cohesión social", según un artículo que recuerda que "en su estado natural no es estupefaciente". Los bolivianos también deberán dirimir el tamaño máximo -5 mil o 10 mil hectáreas- de las propiedades agropecuarias reconocidas legalmente.