La chequera gorda de Petitti

La diputada Silvia Petitti parece cavar la fosa de su propia carrera política. Después de ocultar las verdaderas razones de sus problemas económicos y financieros, terminó aceptando que contrajo deudas con los prestamistas del mercado negro que habitualmente cometen el delito de usura.
Los funcionarios públicos -como la diputada- tienen la obligación de denunciar ante la Justicia penal los delitos de los que toman conocimiento. Y no se sabe que la legisladora lo haya hecho.
Las explicaciones petitteras contaron en un principio con la plena complicidad de los capos de la Unión Cívica Radical, que muy fieles a la teoría según la cual entre bomberos no se pisan la manguera, le brindaron protección pese a que había claras evidencias de que algo no andaba bien en este asunto.
Ya se sabe que Petitti firmó unos 90 cheques sin fondos, situación que a cualquier ciudadano común lo pondría entre la espada y la pared y lo dejaría mal parado ante la Justicia, porque la apariencia indica que habría una posible estafa. Pero los diputados no son ciudadanos comunes: tienen prebendas y privilegios que siempre toman, aunque la mayoría de las veces y en la mayoría de los casos se caguen en las responsabilidades y obligaciones que también corresponden al cargo.
La situación es tan propia de la política tradicional que, como si quisiera cerrar el perfecto círculo de una metáfora, Petitti le puso a su bloque el nombre UCR, para que no queden dudas (deudas sí).
Es que al principio, con la excusa de que se trataba de un tema personal -es un argumento que a los políticos les sirve para cualquier cosa- los correligionarios le armaron una coartada que le facilitara su permanencia en el cargo. Petitti se aferró a ella con uñas y dientes, porque -aunque les pese- se ve que también para un radical no hay nada mejor que otro radical.
Cuando le quisieron soltar la mano era tarde: ahora no la sacan ni con una grúa. Después de estar calladita la boca, la diputada salió a hablar con algunos medios. Falta que responda una pregunta central, que es la que este mismo espacio propuso el 20 de diciembre: además de todo lo que ya se sabe, ¿mintió cuando firmó su declaración jurada? Es demasiado simple como para dar tantas vueltas: si la diputada falseó ese documento, cometió un delito.